Indicadores GFS

Fruto del convenio de colaboración PROPINEA entre la diputación de Valladolid y la Universidad de Valladolid, a través del Instituto Universitario de Investigación y Gestión Forestal Sostenible UVA-INIA, y en colaboración con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de la Junta de Castilla y León, se elabora el presente documento. Éste responde a la actividad de análisis de indicadores de gestión forestal sostenible en montes ordenados y perspectivas de futuro propuesta dentro de la línea de trabajo del convenio sobre sensibilización acerca del papel e importancia de la propiedad pública forestal entre las corporaciones locales y la población en general.

Breve historia de la superficie forestal pública en Valladolid



La superficie forestal de propiedad pública en Valladolid se estima en 80.697 hectáreas. La mayoría es propiedad de las entidades locales (72.733 ha, 90%). Aproximadamente el 68% de esta superficie es demanial (montes pertenecientes al Catálogo de Utilidad Pública, dominio público de caminos e hidráulico) y el 32% restante es patrimonial.
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El origen del Catálogo de Montes de Utilidad Pública se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en medio de grandes presiones desamortizadoras se le encargó al recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes la labor de realizar un informe técnico sobre aquellos montes que quedarían exceptuados de la desamortización prevista en la conocida como “Ley Madoz” de 1 de mayo de 1855, la cual buscaba el saneamiento de las arcas públicas vendiendo propiedades no solo del clero y de órdenes militares sino también propiedades del Estado y de los propios y comunes de los pueblos. La Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes finalizó este informe el 8 de octubre de 1855, denominado “Informe de la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes sobre los montes que conviene exceptuar de la desamortización conforme a lo mandado en el artículo 2º, párrafo 6, de la Ley de 1 de mayo de 1855”.

En 1859 una Real Orden del Ministerio de Fomento obligó a los ingenieros de montes a realizar la “Clasificación General de los Montes Públicos”,  donde se incluyeron los montes públicos exceptuados de la desamortización. Gracias a la avanzada visión conservacionista para la época de los ingenieros que lo elaboraron y su  gran esfuerzo realizado al haber terminado dicha clasificación en el escaso plazo del que disponían (4 meses), a la postre se consiguió salvar  una parte importante del patrimonio forestal público. Estos montes se fueron incluyendo a partir de 1862 en los sucesivos Catálogos, hasta su posterior declaración de utilidad pública (1901).

En 1970 se realizó la última actualización del catálogo a nivel general y conjunta de todas las provincias españolas. Hoy en día, y dadas las transferencias de funciones en materia de medio ambiente a las Comunidades Autónomas son éstas las encargadas de la actualización de sus respectivos catálogos provinciales.

Se puede considerar que el Catalogo de Montes de Utilidad Pública ha sido la figura de mayor protección que ha existido para los montes públicos españoles a lo largo de la historia, ya que evitó la venta (y  probablemente su consecuente roturación y puesta en cultivo) entre 1855 y 1901 de más de 1.315.000 hectáreas de los montes públicos de Castilla y León  con un gran valor ecológico.

Actualmente se siguen incluyendo montes en el catálogo, del cual ya existen aplicaciones informáticas, siendo en la actualidad el mayor problema de algunos montes catalogados la ausencia de deslinde, que dificulta la defensa de la propiedad, su repoblación, aprovechamiento o mejora.

Gestión Forestal Sostenible en la actualidad



Una vez asegurada razonablemente la persistencia del monte, una sociedad cada vez  más sensibilizada y menos dependiente de los recursos forestales directos para su supervivencia diría –maderas, leñas, pastos, caza, etc. – reclama, desde la segunda mitad del siglo XX, la máxima multifuncionalidad de los terrenos forestales y, en especial, la optimización de sus beneficios indirectos al conjunto de la sociedad. Planteando el difícil reto de conseguir una gestión de los terrenos forestales compatible con todas sus funciones, maximizando el balance final de beneficios tanto para sus propietarios como para el conjunto de la sociedad.logoPEFC

Hoy en día se pretende realizar una Gestión Forestal Sostenible (GFS) de los montes, la cual se define como la administración y uso de los bosques de manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros ecosistemas (Conferencia Ministerial de Helsinki, 1993).

La GFS denota un paso más en la gestión tradicional de las masas forestales, en la que fundamentalmente se tenían en consideración criterios exclusivamente económicos y de productividad. La GFS conlleva la consideración, además, de criterios ambientales y sociales, tanto desde el punto de vista de la planificación y prevención como desde el punto de vista del control y la adecuada gestión.

Mediante la certificación de la Gestión Forestal Sostenible, una tercera parte independiente, garantiza que la gestión en un monte que ha obtenido la condición de certificado es acorde a los criterios e indicadores de Sostenibilidad Forestal UNE 162002 que engloba aspectos tanto de carácter ecológico como de carácter social y económico. (AENOR, 2009).

El cumplimiento de los requisitos de la certificación es evaluado por una auditoría externa en base a estándares internacionales. Por ello, el consumidor que adquiere un producto certificado se asegura que está favoreciendo la conservación y desarrollo de los montes y de las zonas rurales que las albergan.

Beneficios internos para su organización:

  • Mejor aprovechamiento de los recursos.
  • Optimización de la gestión de los residuos forestales.
  • Reducción de costes.
  • Aumento del valor añadido de los productos forestales.
  • Control del gasto.
  • Reducción de posibles infracciones.

Beneficios ante sus clientes:

  • Satisfacer la demanda de productos forestales certificados, cada vez más conocidos y solicitados en el mercado.
  • Aumentar la competitividad de la madera en el sector forestal.
  • Distinguirse de la competencia y reforzar la imagen ante clientes y consumidores.

En el presente documento se pretenden caracterizar los montes de la provincia de Valladolid siguiendo los principales indicadores de los Criterios Paneuropeos adoptados para la valoración de la gestión forestal sostenible.

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